El grupo de Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha propuesto hoy la inclusión de “cláusulas sociales” en las licitaciones que lleve a cabo el Ayuntamiento, de forma que se de prioridad a las contrataciones en pequeñas empresas y autónomos locales, como una apuesta por la creación de empleo.
En rueda de prensa, la portavoz de ACPT, Esther García, ha explicado que estas cláusulas, que ya se aplican en otros ayuntamientos de España, suponen incluir en los pliegos de condiciones requisitos relativos a aspectos de política social en los procedimientos de licitación o ejecución de las obras.
La propuesta de ACPT se complementa con la inclusión de esta medida en el Plan Municipal de Empleo que redacta el Ayuntamiento en colaboración con los diversos agentes sociales de la ciudad, cuyo borrador presentado la pasada semana es para esther García “una mera declaración de intenciones” por su falta de concreción.
En este sentido, la portavoz de ACPT ha propuesto que el Plan incluya también otras medidas como utilizar la capacidad normativa del Ayuntamiento, en especial ordenanzas, planeamiento urbanístico e impuestos, para apoyar el desarrollo sostenible de la economía local, “así como combatir la especulación y la competencia desleal”.
También aboga por apoyar a las empresas de economía social y empresas locales, facilitar suelo industrial para la implantación de nuevas empresas en el Polígono de Tanos-Viérnoles, además de incentivar y apoyar de manera directa la creación de pequeñas cooperativas mediante la cesión de suelo.
Esther García ha anunciado que su formación propone el desarrollo de actividades productivas emergentes respetuosas con el medio ambiente y con potencial generador de empleo, como las energías renovables o las actividades vinculadas a las tecnologías de la información y comunicación.
Junto a ello, se apuesta por acometer planes de diversificación económica y por la implantación de un nuevo sistema que permita agilizar la concesión de licencias de actividad.
En materia fiscal, ACPT propone impuestos que graven más a las rentas más altas, con una revisión a la baja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), y que se suprima la contratación externa de la redacción de los proyectos municipales.
Junto a ello, Esther García se ha mostrado partidaria de una nueva participación económica en los convenios con el Gobierno de Cantabria que modere “el desequilibrio actual” de los mismos, ya que el Ayuntamiento asume la mayor parte de las competencias económicas que no le corresponden.
Así mismo, en materia de servicios públicos se defiende la recuperación de aquellos que están manos privadas para su gestión municipal, o que no se produzca la privatización del servicio de limpieza viaria que se debería encargar al Centro Especial de Empleo Serca, dependiente del Ayuntamiento.
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