IU eleva a la Comisión Europea la adjudicación de la Ciudad Digital

El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer ha registrado hoy ante la Comisión Europea una pregunta sobre el posible incumplimiento de la normativa comunitaria en el que podría haber incurrido el Ayuntamiento de Almería al adjudicar a la empresa Telvent, filial de Abengoa, las obras de la Ciudad Digital de El Toyo.

Concretamente, Meyer pregunta a la Comisión qué medidas piensa adoptar para que el Ayuntamiento de Almería cumpla con la normativa comunitaria sobre contratación pública y si piensa examinar el caso y pedir a las autoridades españolas la anulación del acto administrativo si se hubiese cometido alguna infracción.

En este sentido, recuerda que después de que el Ayuntamiento de Almería acordase adjudicar a la unión temporal de empresas Telvent Interactiva, Inalbensa y Telvent Tráfico y Transporte el diseño, construcción, explotación y mantenimiento de este centro de servicios digitales avanzados destinado a  la urbanización de El Toyo y a la ciudad de Almería, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Almería dictó una sentencia por la que se anuló dicha adjudicación.

El juzgado consideró que las razones de urgencia que invocó el Ayuntamiento para la adjudicación de las obras, no eran ciertas y que la causa para utilizar el procedimiento negociado era falsa, puesto que sí era posible determinar el precio del contrato, como lo prueba que las obras no presenten características especiales que impidan la cuantificación y que desde el principio del expediente, con el estudio de viabilidad, se encontraba cuantificado tanto el coste de la inversión como el de la explotación.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dictó una sentencia que ratificaba la actuación del consistorio almeriense, es decir, declaraba válida la concesión municipal, al considerar -basándose en determinados informes internos del Ayuntamiento– que el precio del contrato no era determinable «a priori».

Meyer considera que «todo indica que el Ayuntamiento conocía, antes de elegir el procedimiento negociado, tanto el coste de la inversión como el precio que estaba dispuesto a pagar y que la ocurrencia de la indeterminación del precio obedece más bien al deseo de valerse  del procedimiento negociado en vez de acudir a las vías ordinarias de tramitación».
De ser así, el Ayuntamiento habría infringido una Directiva del Consejo sobre contrato de obra pública así como otra del Parlamento y el Consejo que refunden otras anteriores sobre contratos públicos y regula los sistemas de adjudicación, así como diversas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

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