Las pymes irrumpen en la batalla para hacerse con contratos públicos

formulaires-electroniquesLa simplificación del papeleo facilita el acceso a las licitaciones de las empresas de menor tamaño, que ahora tienen que competir en un mercado cada vez más saturado.

Hace unos años, el número de empresas que pugnaban por los grandes concursos públicos podían contarse con los dedos de las dos manos. Muchas veces, con los de una. Hoy en día, raras son las licitaciones en las que las ofertas bajan de la docena. «Hemos llegado a ver licitaciones de obras a las que han concurrido más de 50 empresas», explica Pedro J. López, abogado especialista en contratación pública.

La caída del mercado privado dio lugar a que muchas compañías, sobre todo del sector de la construcción, se agarraran a los proyectos de las administraciones como a un clavo ardiendo. Casi a la par, la burocracia se ha ido simplificando cada vez más, reduciendo el papeleo y facilitando la participación de las pymes, que ya se codean con los grandes en un campo de batalla donde la competencia es cada vez mayor.

Este verano el Gobierno ha introducido más novedades en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para reforzar esa apuesta por disminuir las cargas administrativas. En síntesis, estas medidas han supuesto la supresión de la obligatoriedad de la clasificación de empresas en los contratos públicos de servicios y la eliminación de la norma por la que era necesario que el licitador acreditara su solvencia técnica y económica cuando el valor de los contratos no excediera de 80.000 euros (en obras) o 35.000 euros (en servicios).

Todo ello se suma a otras modificaciones introducidas desde 2008, como la inclusión del Perfil del Contratante en las páginas web de las administraciones, la adopción del sistema de las declaraciones responsables o la elevación del umbral del valor de las obras para exigir la clasificación empresarial a los contratistas (que pasó de los 350.000 a 500.000 euros). Pedro J. López habla de un «avance significativo» en la simplificación administrativa porque se ha acabado con obstáculos burocráticos que tradicionalmente constituían una barrera insalvable para las pymes.

«Se podría decir que el principio general básico de libertad de acceso a las licitaciones ha dado un nuevo avance práctico», admite este especialista, quien, no obstante, cree que se podrían seguir dando pasos aumentando la publicidad y la transparencia.

Los expertos destacan varios beneficios de estas medidas, en tanto que se ha fomentado un mercado más competitivo, ha crecido la confianza en las instituciones y se ha facilitado un ahorro económico para las arcas públicas.

Sin embargo, también se citan aspectos negativos. Buscando asegurarse el contrato, algunos licitadores realizan ofertas económicas «desproporcionadas», advierte López, que añade que, en muchos casos, dichas propuestas «no son objetivas, porque no puede ofrecerse la misma calidad, por ejemplo, en los materiales a precios que están por debajo de mercado. Esto supone un trabajo serio y responsable por parte de la administración a la hora de valorar esas ofertas porque esos precios excesivamente bajos, entre otros aspectos, pueden alterar de forma indebida la competencia». La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) recuerda que, cuando surgió la crisis, muchas fueron las compañías del sector que pretendieron ver en la obra pública una tabla de salvación. Su presidente, Emilio López Caparrós, admite que la actividad pública amortiguó la caída del segmento de la vivienda, pero incide en «la otra cara de la moneda»: la «drástica» reducción de la inversión de las administraciones en los peores años de la crisis y la «demora» en los pagos de las actuaciones ejecutadas.

Mientras que en los contratos de servicios y suministros se ha observado una cierta estabilidad, en los de obras los efectos de la crisis han sido «demoledores», admite la ACP. De 251 empresas clasificadas que existían en la provincia de Málaga en junio de 2010, se paso a 276 en diciembre de 2012. A partir de ahí y coincidiendo con los años de más baja inversión pública en la provincia, el número de empresas clasificadas ha ido cayendo paulatinamente hasta alcanzar la 215 que hay en la actualidad en Málaga, lo que supone un 22 % de bajada en tres años. No se trata de un fenómeno exclusivo de Málaga, sino que se repite en el resto de provincias, aunque solo Cádiz y Córdoba presentan una contracción mayor, con un 28% y un 29% respectivamente, según las cifras que maneja la patronal.

«Sin embargo, el incremento del umbral de 350.000 euros a 500.000 euros para la exigencia de clasificación, evidentemente ha posibilitado que más empresas hayan podido licitar a obras públicas; empresas que, con capacidad y solvencia acreditada, antes podían no contar con clasificación por haber estado trabajando para privados», aclara Emilio López.

Menos tarta a repartir

Respecto a la cuantía total de las licitaciones, en 2014 se vivió un repunte espectacular, aunque los datos más recientes han sido un jarro de agua fría. La memoria anual de la ACP cuantificaba que en 2014 la inversión en la provincia se incrementó un 80%, hasta alcanzar los 259,4 millones de euros.

«Sin embargo, este dato tan positivo parece ser que no ha sido más que una ilusión fruto de la presencia de dos importantes citas electorales en el calendario, puesto que los números del primer semestre del año 2015 nos ha devuelto a una realidad que creíamos superada, al detectar nuevamente una caída de la licitación pública del 27,05% con respecto al mismo periodo del año anterior», apunta el presidente de la ACP.

Otros analistas como Pedro J. López prefieren quedarse con la parte positiva, sobre todo porque las cifras ya no son las de hace dos años. «Gracias al esfuerzo y al sacrificio de todos, especialmente de las pymes, la recuperación económica es una realidad que ahora tiene que consolidarse», afirma este abogado.

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