Nuevos mecanismos de control y transparencia en los contratos públicos

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy tramitar de forma simultánea dos modificaciones legales para incluir en la normativa foral nuevos mecanismos de control y transparencia en los procedimientos de contratación pública.

Las leyes afectadas son la de Contratos Públicos y la de Administración Local, su alcance incluye a todas las administraciones, sus organismos autónomos y sociedades públicas, y su contenido es básicamente una transposición de la normativa europea a la foral, según ha comentado en conferencia de prensa el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniáin.

Así, entre las novedades que plantea el Ejecutivo figuran nuevos requisitos de publicidad en las encomiendas que hacen las administraciones a las sociedades públicas para así “evitar que se realicen encargos que pueden acometer empresas y profesionales del sector privado”.

Y en concreto se introduce el deber de dar publicidad a través de la web de Navarra a los encargos que superen 4,8 millones de euros en obras y los 200.000 euros en asistencias y suministros, y también se deberán publicar las adjudicaciones de contratos a sociedades públicas a partir de 50.000 euros, en todos los casos IVA excluido.

Además, ha dicho el portavoz, los encargos directos “quedan limitados a los de asistencias y de obras que las sociedades públicas puedan realizar en su mayor parte con medios propios” y se exigirá también que las sociedades tengan un capital 100 % de la administración que realiza la encomienda.

Por otro lado, las modificaciones legales planteadas por el Gobierno refuerzan el sometimiento de las sociedades públicas a la normativa foral de contratos “obligando” a estas a “justificar y motivar sus decisiones ante quienes se presenten a las licitaciones públicas que promuevan” tanto de encomiendas como de externalización de tareas.

Los cambios, si son aprobados por el Parlamento, conllevarán además la creación de una Comisión de Control de las Licitaciones Públicas que se encargará de resolver los recursos que se presenten contra las decisiones de las administraciones públicas y las reclamaciones que afecten a las de las sociedades públicas.

Este órgano colegiado estará integrado por tres funcionarios expertos en contratación a los que se conferirá un estatus de “inmovilidad e independencia” similar al de jueces y magistrados, lo que a juicio del Sánchez de Muniáin supondrá mayores garantías para los recurrentes.

Junto a estos cambios, el proyecto de ley de Contratos Públicos establece asimismo la suspensión preventiva de la adjudicación ante la presentación de una reclamación, lo que “paralizará el proceso hasta que se resuelva la queja”, y fija un plazo de entre 10 y 15 días para que las adjudicaciones entren en vigor, lo que evitará formalizar contratos que puedan ser objeto de litigio.

ABC.es